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en el sitio web del Movimiento por la Liberación del
Cannabis.
Hubo una
época en Uruguay en que el mate estuvo prohibido. Los
indígenas de las misiones jesuíticas no
tenían permitida la hierba
(yerba). Alteraba la mente, decían las autoridades.
Pasó el tiempo y la
libertad y el sentido común se abrieron camino.
Aún en épocas de la
dictadura, portar un mate era una actitud de rebeldía
ciudadana ante
una de las tantas prohibiciones absurdas que imperaban.
La
dictadura cayó, pero otra hierba o yerba sigue prohibida.
Las políticas
y el marco legal actual han estigmatizado y excluido a los
consumidores, vulnerando sus derechos a través de un doble
discurso que
asocia las sustancias a los peores problemas de la sociedad.
Así como
una persona que usa alcohol y/o tabaco no es criminalizada por su
opción, consideramos que el uso de marihuana no amerita que
se lo
defina como un posible delito y que pueda implicar la
privación de
libertad.
La ley debe garantizar
que ninguna persona sea
privada de su libertad sólo por la cantidad de marihuana que
posea.
Entendemos que la ley actual no se aplica de una manera adecuada,
violentando los principios generales del derecho penal, que establecen
que es el Estado quien debe probar el delito -en este caso la
situación
de comercialización y de producción-, excluyendo
definitivamente a los
usuarios de marihuana del circuito ilegal tal cual lo consagra la ley
vigente.
El marco legal vigente,
aprobado durante la
dictadura y modificado ligeramente en 1998, privilegia lo represivo
frente a los aspectos sanitarios y educativos, y genera una
contradicción que coarta los derechos de los ciudadanos. El
consumo y
la tenencia para uso personal están
específicamente protegidos por la
ley. El problema surge a la hora de conseguir la sustancia que la ley
permite tener, ya que se consideran delitos la producción,
la venta o
el suministro.
Algo no cierra. La
única forma legal de
conseguir marihuana para consumir sin delinquir es que llueva del
cielo. Además, la tenencia no está regulada, no
existe una cantidad
específica que sea considerada uso personal. Esto queda a
consideración
del juez que determinará, según el contexto, si
esa cantidad es la
permitida o no. Los usuarios quedan entonces rehenes de un sistema
represivo. La policía te puede detener a pesar de estar
seguros de que
se encuentran ante una situación de simple consumo,
aduciendo que eso
lo tiene que determinar el juez.
El marco legal no fija
los
procedimientos que la justicia debe seguir para determinar el objeto de
la tenencia, quedando librado a las valoraciones éticas y
filosóficas
de los jueces; lo que, desde luego, es absolutamente incompatible con
la idea de justicia social. Tu suerte judicial va a depender de lo que
el juez valore según la situación. Por otro lado,
está prohibido el
cultivo para uso personal a pesar de que esta es una opción
real para
combatir el narcotráfico ya que cada uno
produciría la marihuana que
use. Resulta inadmisible que la ley trate como delincuente a una
persona que planta marihuana con fines de auto-consumo.
Sin
embargo, cualquier crítica que pretenda cuestionar esta
política
estatal es reprimida con el argumento de que se opone a "la lucha
contra las drogas", "contra el narcotráfico" o "contra la
seguridad".
Creemos que es posible, con el marco legal vigente, introducir
modificaciones fundamentales para avanzar hacia una política
moderna,
eficaz y justa sobre drogas, que en particular garantice los derechos
de los ciudadanos, basados en el principio expresado recientemente por
Milton Romani, secretario de la Junta Nacional de Drogas, cuando
afirmó
que las acciones de hombres y mujeres que no ataquen a terceros no son
de incumbencia del Estado. El artículo 2 de la Ley 17.016
habilita al
Poder Ejecutivo a excluir o incluir de las listas de sustancias
prohibidas aquellas que entienda pertinentes.
Ello
significa que la voluntad del Presidente de la República
alcanza para
eliminar mediante decreto al cannabis de la lista de sustancias
prohibidas. Ello permitiría cultivar marihuana para el
autoconsumo sin
ninguna restricción legal. Además, es necesario
invertir la carga de
prueba para que la policía no pueda detener a una persona
solo por la
cantidad de marihuana que posea. Dicha cantidad no puede ser utilizada
por la policía o por los actores del sistema judicial como
elemento
probatorio de una situación de tráfico. La
tenencia debe ser
considerada para uso personal hasta que se demuestre lo contrario. La
sociedad se debe un debate profundo que derive en una nueva ley
nacional de drogas. Ese debate prometido hace ya un año por
el
presidente, el doctor Tabaré Vázquez (y que
todavía no ha sido
impulsado por ningún organismo oficial), es hoy
más que nunca necesario.
Este
año se realizará una nueva convención
internacional sobre drogas
(UNODC), y sería óptimo que un gobierno que se
autodefine "democrático"
convoque a todos los actores sociales y políticos a discutir
cuál será
la posición de Uruguay en dicha instancia. Este nuevo marco
legal
deberá autorizar la plantación para autoconsumo,
que es una solución
alternativa o complementaria para habilitar el acceso legal a la
marihuana por parte de los usuarios.
A estos efectos se
deberá regular/legislar la venta y/o suministro de semillas.
Esta nueva
ley nacional de drogas debería garantizar el libre acceso a
la
marihuana, regulando la forma de producción y
distribución que se
considere más conveniente. Por todo esto, exigimos a
nuestros
representantes en el Poder Ejecutivo y Legislativo que
rápidamente den
tratamiento a las modificaciones del marco legal vigente, y convoquen
al debate nacional tantas veces anunciado. Valoramos que la sociedad
uruguaya ha realizado algún avance. La represión
va cediendo muy
gradualmente y la gran mayoría de la gente tiene ya una
actitud abierta
y de mayor respeto a los usuarios de cannabis que antes.
Así
como el mate fue ganando espacios, los prejuicios van cayendo. Los
atropellos a quien inocentemente tiene una planta en su casa son menos
frecuentes, aunque todavía ocurren. Razonablemente alguien
puede –sin
molestar a nadie– fumarse un porro en una plaza sin
arriesgarse a
terminar en prisión. Valoramos también la
libertad de reunión que se
están ganando en actividades como estas o las de la plaza
Independencia. El tabú social es sensiblemente menor. Sin
embargo,
muchísimos uruguayos que fuman, prefieren que no se sepa,
debido a la
hipocresía.
También
en este caso vendría bien "salir del
armario" y decir "sí, yo fumo, ¿y?". Por
último, reclamamos que se
levante la pena de las personas que hoy se encuentran procesadas con
prisión por plantar marihuana para su uso personal.
Movimiento
por la Liberación del Cannabis
La PlaZita, Prolegal, PST,
JSU, Plantatuplanta
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