Dale, que sopla torcido

El problema de las drogas es el problema del castigo a su uso, producción y compra-venta. Pero muchos opinadores han invertido esta ecuación tan simple, a tal punto que liberarlas parece una especie de mal menor.

Hay que despenalizar el cultivo personal de marihuana para que sus usuarios no se la compren a delincuentes.
Hay que despenalizar el porro para que los muchachos no fumen pasta base ni tomen tanto alcohol. O porque sirve como medicina. Hay que despenalizar las drogas para cobrar más impuestos. Para controlarlas mejor. Porque narcotraficantes, narcopolicías y narcoabogados ganan demasiada plata. Hay que despenalizar la ayahuasca, el cáñamo, el peyote y la hoja de coca porque son plantas sagradas y en Uruguay se respeta la libertad de culto. Eso sí, no los curtas por diversión que vas a terminar en el infierno.
La prohibición está en la raíz de buena parte de los dramas atribuibles a las drogas, sean duras, blandas, líquidas o gaseosas.
Con la legalización, los mafiosos que someten por las armas a vastas áreas de tantos países de todo el mundo serían agricultores, industriales y comerciantes respetables. Un consumidor que se detona podría acudir a un médico sin temor a terminar en un interrogatorio policial. Cientos de miles de personas se librarían de sufrir cárcel por actos que no suponen una agresión a nadie sino la satisfacción de una demanda. La pasta base sería un capricho de excéntricos y no un vicio de cuerpos y almas empobrecidas, porque los laboratorios legales extraerían de las hojas de coca hasta el último granito de clorhidrato de cocaína sin desperdiciar una micra.
Pero pasa lo de siempre.

Cuando había que acabar con la esclavitud, se pusieron a discutir los costos de la mano de obra.

Cuando había que abolir la pena de muerte, se pusieron a discutir cómo influiría eso en la delincuencia.

Cuando hay que despenalizar el aborto, se ponen a discutir sobre el origen de la vida. Cuando hay que imponer la jornada de trabajo de ocho horas, bueno… ocurre lo mismo que con la esclavitud.
Jorge Batlle dijo, apenas llegó a la presidencia, que le gustaría despenalizar las drogas “blandas”, pero se frenó enseguida porque, según aclaró luego, todos los países deberían hacerlo al mismo tiempo. La ministra de Salud, María Julia Muñoz, opina lo mismo: el gobierno está “abierto” a “una discusión general”, pero “es un tema internacional”. El presidente de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, cree que “el debate es un paso adelante”, pero, igual, la cuestión “no está en la agenda”.
Mientras se debate si se debate, rige, con enmiendas, un decreto-ley sancionado por Juan María Bordaberry, según el cual la policía puede detener a cualquiera que parezca estar “bajo la influencia” y que les da a los jueces amplísima discrecionalidad para ordenar su internación en un sanatorio. El consumo es legal, pero marche preso.
A partir de la última encuesta oficial, de 2006, se calculó que 12,7 por ciento de los uruguayos de 12 a 65 años usaron drogas ilegales alguna vez, la mitad de ellos en el año anterior.
Decenas o cientos de familias sobreviven gracias a la venta de esas sustancias, incluso en kioscos, lavaderos, cibercafés, carritos de choripán y pequeños almacenes. El delivery funciona al mango gracias al teléfono celular. El porro hiede por doquier. Y si la cocaína oliera más fuerte, se la sentiría bastante. Los principales aspirantes oficialistas a la presidencia volvieron a anotar la despenalización en la agenda. Danilo Astori dijo estar “dispuesto a analizar ese tipo de propuestas”, aunque enmarcó la discusión en el objetivo de “lograr un país libre de pasta base”. José Mujica consideró que “vale la pena estudiarlo”, si bien “primero habría que informarse un poco más”. Tanta cautela se entiende: apenas 13,4 por ciento de los uruguayos encuestados por la Junta Nacional de Drogas en 2006 se declararon a favor de flexibilizar la ley.
En medio de tanta exhortación al “análisis” y al “estudio”, los precandidatos presidenciales esquivan el pronunciamiento de fondo, el que se merece la ciudadanía: decir si presentarían al Parlamento un proyecto que despenalice la venta o la producción de drogas (y de cuáles), y si sancionarían una ley así de ser aprobada. Con su edad y su experiencia, ya tuvieron mucho, muchísimo tiempo para pensar una respuesta por sí o por no, con sus más o menos adjuntos.
En ese sentido, deslumbra la franqueza del médico y diputado blanco Javier García, contrario a legalizar la marihuana. Su argumento es categórico: “Ese modelo de sociedad no es el que queremos, que en definitiva de eso es de lo que estamos hablando”.
De eso se trata. De que Uruguay siga con el modelo de sociedad que quiere Javier García o pruebe con otros.

Marcelo Jelen

http://www.ladiaria.com.uy/files/ladiaria_20090220web.pdf

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